El 24 de junio fue decretado para celebrar el Día del Indio, reconociendo la contribución de los pueblos indígenas al país. Años después, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado cambió el nombre y lo reconoció como el Día del Campesino, lo que conexa con el Día del Inti Raymi, dando destacada importancia a la agricultura andina y a la labor que realizan los campesinos peruanos.
Sin embargo, para muchos campesinos y agricultores(as) del país, esta fecha no representa una razón de celebración mientras el Estado no reconozca, de manera concreta, los sacrificios y el trabajo diario que realizan. A esto se suma la postura del actual Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, quien ha sido cuestionado por favorecer abiertamente a los grandes agroexportadores, menospreciando así la labor del 95,4 % de pequeños agricultores y del 31,5 % de mujeres rurales, quienes trabajan sin ayuda para alimentar al pueblo.
Ante esta realidad, los campesinos requieren políticas públicas de apoyo real por parte de las autoridades: medidas que aseguren condiciones dignas de vida, con oportunidades y esperanzas de futuro que fomenten la producción sostenible y valoren sus conocimientos ancestrales. Estas políticas deben garantizar la conservación de sus recursos y el medio ambiente, así como el fortalecimiento organizativo, óptima infraestructura y seguridad jurídica sobre sus territorios.
Nuestro querido Perú alberga muchos recursos y representa una gran biodiversidad. Es una tierra bendita; sin embargo, estamos en la lista negra de pobreza y con altos índices de inseguridad alimentaria. En diversas regiones del país se vive en extrema pobreza, sin justicia ambiental, sin apoyo técnico, con pocas capacidades para competir, sin respaldo financiero, ni adecuada infraestructura vial, en conclusión, numerosas barreras que dificultan el fortalecimiento del desarrollo rural.
En ese sentido, la causa de este panorama no es el campesino; es la corrupción generalizada en todo el aparato del Estado. Nuestros representantes buscan enriquecerse, dejando de lado a la gran mayoría de pequeños agricultores. Mientras los campesinos hacen sus justos reclamos en defensa de sus recursos y territorios, estos terminan procesados e injustamente encarcelados, en base a calumnias construidas y orquestadas por la policía, fiscales y el Poder Judicial.
En definitiva, no existe voluntad política ni del Legislativo ni, del Ejecutivo para reconocer los esfuerzos del pequeño agricultor. Las prioridades se han enfocado en tan solo el 2 % de las grandes empresas, como las favoritas del ministro, tal como lo ha evidenciado él mismo a través del apoyo constante mediante leyes, beneficios tributarios, obras millonarias y beneficios económicos.
Ante ello, desde ANPE-PERÚ consideramos fundamental fortalecer nuestros derechos y capacidades colectivas, reflexionando, en primer lugar, que nosotros somos quienes elegimos a nuestras autoridades y por tanto, tenemos el deber de exigirles un compromiso real con el desarrollo rural sostenible. Asimismo, es fundamental consolidar nuestra unanimidad para recuperar nuestros derechos y la verdadera democracia con igualdad, sin marginaciones, especialmente hacia los pueblos, comunidades campesinas y pequeños agricultores. No pedimos migajas, sino un programa nacional reconocido por las políticas públicas de desarrollo sostenible, sin condiciones ni dependencias, y con un futuro mejor que incluya oportunidades para las juventudes.
