Dina Boluarte, con un rostro andino, va desmantelando los programas que, de una u otra manera, apoyaban a los pequeños agricultores. Estos, reconocidos por las Naciones Unidas, son conocidos en su verdadero nombre como agriculturas campesinas.
Existe una teoría sobre el diseño de la pequeña agricultura familiar que fue planteada y formulada desde el capitalismo en Estados Unidos, con la estrategia de marginar y desaparecer la agricultura campesina. El propósito de esta estrategia es abrir paso a una agricultura capitalista de gran escala, con el fin de mantener a la agricultura campesina en una situación marginal, subordinada y en desventaja frente a una competencia desigual, caracterizada por grandes explotadores y sistemas subordinados al mercado.
En este modelo, los pequeños agricultores ocupan una posición vulnerable frente a las grandes empresas, especialmente por la introducción autoritaria y altamente politizada de nuevas tecnologías, maquinaria y fertilizantes que atentan contra la naturalidad del campo. Además, se promueve la concentración de tierras: el desarrollo capitalista busca el monopolio y acaparamiento de tierras en pocas manos, desmembrando las parcelas comunales y reduciendo cada vez más el acceso a tierras para los agricultores pequeños.
Por el contrario, la agricultura familiar campesina representa una convención de prácticas agrícolas socialmente sostenibles, que respetan los ecosistemas locales y promueven el patrimonio comunitario, el empoderamiento colectivo y la educación para asegurar el derecho a una alimentación adecuada.
Este tipo de agricultura busca preservar y salvaguardar la biodiversidad agrícola mediante el uso sostenible de los recursos locales y la conservación de los alimentos tradicionales.
Si los llamados «pequeños agricultores familiares» no produjeran alimentos, los autodenominados ricos morirían de hambre. Sin embargo, a pesar del maltrato constante, los agricultores campesinos resisten. Pueden cansarse, pero no se rinden. Por eso, los alimentos siempre están donde tienen que estar.
Para los pueblos originarios y las comunidades campesinas, la soberanía alimentaria no es solo una responsabilidad, sino también un derecho fundamental. Sin embargo, hemos cedido esta responsabilidad al modelo industrial, dando una oportunidad absoluta a los fabricantes de alimentos artificiales, bajo el nombre de industrialización alimentaria.
En el Perú, la agricultura familiar campesina no cuenta con representación en el Estado ni en los gobiernos de turno. Tampoco está presente en los planes de los grupos políticos, cuyos intereses están orientados a favorecer a un pequeño grupo empresarial. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) representa apenas al 3%, o incluso menos, de las élites empresariales. El ministro Ángel Manero utiliza a la agricultura familiar cuando le conviene, pero en otros momentos la desprecia, la ignora e incluso la margina.
Los pequeños agricultores trabajan día a día para abastecer los mercados locales sin recibir reconocimiento alguno. Mientras tanto, toda la cúpula del MIDAGRI está dedicada al servicio empresarial de exportación, enfocada en alimentar a poblaciones extranjeras, sin mostrar la menor preocupación por la alimentación del pueblo peruano.
