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El ministro Ángel Manero, junto a sus aliados: los 43 congresistas, han logrado su propósito: aprobar la llamada Ley Chlimper 2.0, resultado de intensos lobbies y presiones políticas. Se presenta como una norma que generará “desarrollo”, pero en la práctica favorece únicamente a las élites empresariales de siempre, consolidando sus privilegios con el respaldo tanto del Ejecutivo como del Legislativo.

En el fondo, esta ley no solo significa la consolidación de privilegios tributarios; también es parte de la exclusión y explotación hacia la gran mayoría de pequeños agricultores. Dina Boluarte no solo ha demostrado desprecio hacia los pueblos provincianos y campesinos con represión y abandono, sino que ahora, con esta norma, se refuerza la marginación de quienes producen día a día los alimentos, no solo para su propia alimentación, sino también para abastecer los mercados locales y ofrecer alimentos a la sociedad en general. Todo esto, sin reconocimiento ni apoyo, a diferencia de lo que reciben las grandes empresas.

Los 43 congresistas que votaron a favor de esta ley son, una vez más, cómplices de un modelo anti campesino que prioriza los intereses económicos de un reducido grupo empresarial. Todo parece indicar que responden al pago de favores políticos y electorales, mientras que los pequeños agricultores, sin apoyo ni beneficios estatales, siguen siendo ignorados y despojados.

Desde ANPE PERÚ repudiamos enérgicamente esta ley, hecha a la medida de un sector privilegiado, así como las expresiones de desprecio del ministro Manero, quien ha insinuado que si la agricultura no resulta rentable para los pequeños productores, deberían dejar de producir y dedicarse a otra actividad. Ese tono de desprecio hacia el sector y hacia los pequeños agricultores es inaceptable. Este tipo de profesionales no debería ocupar cargos como el de MIDAGRI, pues solo buscan imponer intereses y condiciones personalizadas.

La agricultura familiar es la verdadera base de la seguridad y soberanía alimentaria del Perú. Exigimos respeto, reconocimiento y políticas públicas que fortalezcan el trabajo de los pequeños agricultores, guardianes de nuestra biodiversidad y del futuro alimentario de la nación.

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